Ser gobernante, implica ejercer el poder público y esto, significa tomar decisiones que no siempre gustan.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido no gobernar en algunos temas y territorios del país; por lo menos, no en aquellos rubros que le implican desgaste en las encuestas o pérdida de “buena reputación” entre sus bases sociales.
El sistema de salud pública y su precariedad son evidentes, y López Obrador soltó el sistema de salud a pesar de la pandemia por la Covid-19 y las necesidades de familiares que pidieron medicamentos y tratamientos especiales para ellos o para sus seres más queridos.
El apoyo económico a micros y pequeños empresarios nunca lo mostró el Presidente, y millones de negocios y empleos han desaparecido en lo que va de la pandemia.
Los feminicidios (10 por día) en México, nunca los ha tomado en serio y no disminuyen. Es más, los niega.
La violencia sangrienta que se vive en el País nunca la ha tomado por los cuernos y hoy México es mucho más violento que con anteriores presidentes.
¿Y qué decir de Michoacán? A esta tierra, nunca la ha querido ayudar. Nunca.
La violencia de alto impacto y los delitos del orden federal no disminuyen en Michoacán, y el Presidente de México no gobierna para esta tierra; pero tampoco es novedad. Durante la campaña a la Presidencia, dejó en claro que su política de seguridad sería de “abrazos, no balazos”. Sin duda, lo ha cumplido.
El problema, no es que tengamos un Presidente de la República que se dice “pacífico”.
El mayor problema, es que el Presidente está obligado a gobernar, está obligado a tomar decisiones, está obligado a combatir a los criminales y está obligado a garantizar el orden y la paz, interna y externa. Esto no es un invento de alguien; esto está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de México está obligado a cumplirla y a hacerla cumplir.
Aquí me detengo, para decirles por qué Andrés Manuel López Obrador olvidó a Michoacán.
En Aguililla, municipio michoacano, desde hace muchos años se vive una guerrilla urbana. Grupos delincuenciales de otras entidades pretenden hacerse de parte de este territorio michoacano para explotar recursos naturales.
Esto, por donde se le vea, son delitos federales. Y ni qué decir de los asesinatos que se dan, las asociaciones delictuosas, las armas que utilizan que son para uso del ejército y la marina, y aquellas actividades ilícitas que despliegan por la entidad.
Todo esto, son delitos federales que debería atajar y combatir el Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, no lo hace y no lo hará, porque eso no conviene a sus “cálculos electorales”.
Más bien le ha tenido que entrar el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles y la policía estatal.
¿Han podido con este paquete? Por el momento sí, pero dudo que resistan así mucho tiempo.
Se necesita la fuerza del Gobierno federal. El Gobierno de la República tiene atribuciones constitucionales para hacer uso de la violencia, de manera legítima, y no quedarse en la desfachatez de “abrazos, no balazos”.
Por el momento, el Gobierno de Michoacán frenó la crisis severa que se vive en aquella región de la entidad, en donde los derechos fundamentales de los mexicanos no se garantizan. Por ejemplo, los alumnos, no gozan del derecho a la educación, los adultos no gozan del derecho a los alimentos o la vivienda, porque tienen que huir para no morir, las madres sufren la desaparición de sus hijos, la infraestructura vial y hospitalaria es destruía o invadida por delincuentes, y todo esto son derechos fundamentales que le pertenecen a los michoacanos y a los mexicanos de bien.
El Gobernador Silvano Aureoles dio un manotazo en la mesa y eso es lo correcto. Debe hacerlo, no tiene de otra. Es gobernante y debe tomar decisiones, gobernar, usar el poder, aunque haya gente que le recrimine.
Silvano hace lo que debe hacer.
Andrés Manuel López Obrador, olvidó a Michoacán.
Prefiere esconder la cabeza en la tierra, como una avestruz.
* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.
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