Lo ocurrido la semana pasada en el Senado de la República es una escena digna de las dramatizaciones de Luis Estrada, decretar en el artículo transitorio de una ley secundaria la ampliación del periodo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es quizá el mayor de los excesos que se han visto por parte de la mayoría oficialista, no solo porque ese transitorio es inconstitucional, sino porque revela un intento más de control de la llamada cuarta transformación sobre el Poder Judicial.
La ampliación de dicho periodo viola la Constitución la cual establece que es el pleno de la SCJN quien cada cuatro años designa al presidente de entre sus integrantes y que éste no se puede reelegir, es decir, pone un término al mandato y adiciona que no se considera la reelección del mismo.
La Minuta regresará a la Cámara de Diputados, pues ese transitorio es una adición al dictamen que la colegisladora ya había aprobado, al tratarse de una ley secundaria no requiere de mayoría calificada, así que si las y los diputados de la cuarta transformación quieren, ese decreto se aprobará.
El único camino que quedará para frenar semejante aberración, será la presentación de acciones de inconstitucionalidad y ahí un detalle que no debemos perder de vista, quien define si una ley es constitucional o no, es precisamente la Corte, es decir, que el Ministro Zaldívar podría estar en el supuesto de intervenir en una decisión que le beneficia en lo particular, ¿cómo actuará al respecto?, hasta ahora nada ha dicho de la aprobación de ese artículo; solo el CJF subió dos tuits en los que dice no haber puesto eso en los proyectos de ley, no haberlo solicitado y advirtió que esperará a que el asunto concluya su proceso legislativo para pronunciarse.
A pesar de la gravedad de este fraude a la Constitución, quizá lo más preocupante es el alto riesgo de que el Poder Judicial quede doblegado al Ejecutivo. El presidente de la República ya manifestó que “está de acuerdo con que se amplíe el plazo”, la suspicacia nos lleva a preguntarnos dos cosas, ¿de verdad el presidente debe manifestar su opinión por un tema que no le concierne?, o será acaso que ¿le está dando línea a los diputados de sus bancadas para que esta reforma se apruebe? y así tener bajo su control a la SCJN y al CJF.
La suspicacia no es gratuita y tampoco es menor, el presidente tiene muchos intereses prioritarios que están pendientes de definición por la Corte, el más reciente y visible es el de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que dicho por un sin número de constitucionalistas y especialistas en el tema, es anticonstitucional.
La sumisión del Poder Judicial sería un retroceso gravísimo para el Estado mexicano, de por sí, las más recientes decisiones legislativas y ejecutivas han afectado la seguridad jurídica del país y con ello la confianza diplomática y comercial.
Abrir la puerta a ampliaciones de cargo a modo no es una buena señal en un Estado democrático; pero si se le suman otras acciones que van en el mismo sentido de debilitar los contrapesos al poder presidencial, veremos que en jaque, no solo está el Poder Judicial, sino la democracia mexicana. Como le decía Fidel López, personaje interpretado por Pedro Armendáriz Jr., a Juan Vargas, caracterizado por Damián Alcázar, en la película La Ley de Herodes, “me cae que ni Don Porfirio Díaz”.
