La institución escaló dos posiciones en el ranking nacional de expedientes iniciados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de 2024 a 2025
Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026. – El Poder Judicial de Michoacán registró un crecimiento de 11.6% en el número de expedientes iniciados mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), al pasar de 4,446 en 2024 a 4,961 en 2025, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este incremento permitió a Michoacán avanzar dos posiciones en el ranking nacional, al pasar del lugar 14 en 2024 al número 12 en 2025, lo que refleja el fortalecimiento de la justicia alternativa como una vía para resolver conflictos mediante el diálogo, la participación voluntaria y la construcción de acuerdos entre las partes.
En materia familiar, los acuerdos alcanzados a través de los MASC aumentaron de 2,281 en 2024 a 2,661 en 2025, lo que representa un crecimiento de 16.7%, reflejo de una mayor utilización de estos mecanismos para la solución de controversias.
En el ámbito penal, también se reportaron avances, los acuerdos pasaron de 471 en 2024 a 538 en 2025, lo que representa un crecimiento de 14.2% y coloca a Michoacán en el décimo lugar nacional en este rubro.
Estos resultados muestran el potencial de los mecanismos alternativos para contribuir a una justicia más ágil y accesible, al ofrecer soluciones que permiten atender determinados conflictos sin agotar todas las etapas de un proceso judicial. Asimismo, representan una oportunidad para fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en la procuración e impartición de justicia, particularmente en materia penal.
El Poder Judicial de Michoacán mantiene el impulso de la justicia alternativa como parte de una visión de justicia cercana a las personas, que privilegia el diálogo, la solución pacífica de controversias y la construcción de acuerdos, sin dejar de garantizar el acceso a la justicia por las vías jurisdiccionales cuando así se requiere.
