Uruapan, Mich.- La tensión política en el municipio de Uruapan escaló a nivel federal luego de que este lunes el regidor del Ayuntamiento, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, acudiera a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR en la Ciudad de México, para interponer una denuncia penal por presunta delincuencia organizada en contra de Juan Daniel Manzo Rodríguez, actual subsecretario de Gobernación en Michoacán.
El munícipe, sobreviviente del atentado en el que perdió la vida el exalcalde Carlos Manzo en noviembre de 2025, solicitó a las autoridades federales atraer las investigaciones, revisar antecedentes y peritar un material audiovisual difundido recientemente en el que presuntamente se vincula al funcionario estatal con operaciones irregulares del pasado.
La respuesta de Juan Manzo: «Denuncias huecas para desviar la atención»
Tras darse a conocer la acción legal, Juan Daniel Manzo Rodríguez utilizó sus redes sociales para desestimar la acusación, arremetiendo directamente contra el regidor promovente y relacionándolo con grupos opositores:
«Muy molestos andan ahora en el Cártel del Sombrero que mandan al antiguo vendedor de cristal y otras sustancias ilícitas, el regidor Víctor Hugo alias ‘Saladitas’ a presentar denuncias huecas para desviar la atención a lo que ya es obvio. Pero no te alteres: pronto tú y otros vas acompañar a sus amigos», aseveró el subsecretario de Gobernación.
En su mensaje, Manzo Rodríguez sostuvo que estos se tratan de «burdos intentos de desprestigio» por exhibir a quienes afirmó, «entregaron a Carlos para su muerte», al tiempo que defendió su trayectoria de 25 años en la administración pública.
Asimismo, se declaró a disposición de la Fiscalía General de la República para colaborar en las diligencias necesarias, asegurando que es el primer interesado en que se esclarezca el homicidio de su hermano.
La confrontación evidencia la profunda fractura entre el grupo afín al gobierno estatal y los integrantes del movimiento independiente en Uruapan, mientras el expediente queda en manos de las autoridades federales para determinar si existen elementos que ameriten una investigación formal.
