San José Iturbide , Gto.- Luego de que las autoridades federales y estatales anunciaran el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, la posterior presentación de pedimentos de importación y el esclarecimiento de las fechas reales de las inspecciones han cambiado la narrativa del caso.
Lo que en un inicio se comunicó como un golpe fortuito de fin de semana, dio un giro hacia un proceso de auditoría fiscal para determinar si el producto ingresó legalmente al país o si se trata de un esquema de importación irregular.
La controversia de las fechas: Un operativo de meses, no de un solo día
Aunque el anuncio oficial cobró fuerza mediática a mediados de septiembre presentándose como un hallazgo reciente, las diligencias sobre la terminal y el producto venían desarrollándose desde tiempo atrás:
Origen de las investigaciones: El expediente derivó de una intervención realizada desde julio pasado. Esto detonó revisiones escalonadas en municipios como San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, hasta llegar a la planta terminal en San José Iturbide.
Inspecciones prolongadas: La presencia de los peritos en las instalaciones no se dio en una irrupción de un solo día; la revisión de tanques, el desglose del volumen almacenado y el cotejo de las guías de embarque tomaron semanas antes de emitir los comunicados públicos.
Verificación documental:
El punto central del expediente no se relaciona con la infraestructura de la planta, sino con la comprobación fiscal y la legal procedencia del hidrocarburo retenido:
1.- Estatus de la terminal y clientes: La planta es operada por Gas Natural del Noroeste (de Grupo SIMSA). La empresa enfatizó que la instalación opera bajo licencias vigentes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e interconexión ferroviaria. Además, la compañía refirió que Petróleos Mexicanos (Pemex) es o ha sido cliente de sus servicios de almacenamiento en la terminal, utilizándola como infraestructura logística junto a otras firmas del sector.
2.- Propiedad del producto: La operadora aclaró que los 59 millones de litros no pertenecen a la empresa ni a la paraestatal, sino a comercializadores privados que rentan su capacidad de almacenamiento. Por ello, la presentación de facturas, pedimentos de importación y comprobantes del pago de impuestos corresponde a los clientes importadores.
3.- Paso a la FEMDO: La Fiscalía General de la República (FGR) turnó el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) mientras los propietarios del combustible presentan las pruebas que acrediten su importación y procedencia legal.
Las instalaciones se mantienen bajo resguardo federal en tanto las autoridades concluyen la auditoría sobre la validez del papeleo fiscal entregado por las empresas importadoras.
