Los días 24 y 25 de agosto se realizará una consulta durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE)
Por: Catalina LS
21 de agosto 2026.- El debate sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas no debería centrarse únicamente en prohibir o retirar los dispositivos a niñas, niños y adolescentes, sino en atender el entorno digital al que están expuestos, consideró el sociólogo Juan Gilberto Aragón.
Esto, luego de que el Gobierno de México planteara generar un debate para alcanzar acuerdos sobre la regulación de contenidos y el funcionamiento de algoritmos, con el objetivo de reducir el uso excesivo de dispositivos, limitar prácticas como el scrolling infinito y evitar que menores de edad tengan acceso a contenido no solicitado.
Como parte de este proceso, los días 24 y 25 de agosto se realizará una consulta durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), en la que se buscará conocer la opinión de más de un millón de maestras y maestros de Educación Básica sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas.
En entrevista con Esfera Noticias, Aragón señaló que el problema no es únicamente el teléfono celular, sino el “entorno digital hostil” que invade los espacios escolares mediante contenidos diseñados para captar de manera constante la atención de los usuarios.
Y es que, el especialista consideró que el llamado scrolling infinito puede generar ciclos fragmentados de atención y afectar el desarrollo cognitivo, por lo que la escuela requiere establecer límites para garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.
Sin embargo, advirtió que prohibir los teléfonos sin acompañar la medida con alfabetización digital sería insuficiente.
“Prohibir el celular sin una enseñanza de alfabetización digital, sería como tratar de enseñarle a un diabético a no consumir azúcar sin enseñarle nutrición”, ejemplificó.
Aragón señaló que el dispositivo también puede convertirse en un amplificador de problemáticas entre estudiantes, como el ciberacoso, la grabación y difusión de riñas, la extorsión sexual, el contacto de menores con integrantes de grupos delincuenciales y la exposición a contenidos que hacen apología de la violencia.
Por ello, consideró necesario que las escuelas cuenten con protocolos claros que establezcan cuándo y cómo pueden utilizarse los celulares, en lugar de convertir su uso en una cuestión exclusivamente disciplinaria.
No obstante, también destacó que los dispositivos pueden ser una herramienta educativa y de protección, pues e ecordó que existen casos en los que grabaciones realizadas con teléfonos han permitido documentar conductas indebidas de adultos hacia estudiantes, por lo que, dijo, el celular representa una “navaja de doble filo”.
El sociólogo también puso sobre la mesa las condiciones que enfrentan los docentes en Michoacán, quienes, dijo, tienen grupos numerosos, sobrecarga laboral, falta de infraestructura y otros problemas de seguridad, por lo que no se puede trasladar toda la responsabilidad de vigilar el contenido que consumen los alumnos a las escuelas.
A su consideración, una regulación efectiva también debería dirigirse hacia las empresas tecnológicas que diseñan las plataformas y sus algoritmos, aunque reconoció que esto representa una dificultad debido a que muchas de esas compañías ni siquiera tienen su sede en México.
Entre las posibles medidas, planteó fortalecer los mecanismos de verificación de edad para impedir que menores accedan fácilmente a contenidos no apropiados y mejorar el uso pedagógico de los teléfonos dentro de las aulas.
El problema también está en casa
El especialista consideró que la discusión tampoco puede limitarse al ámbito escolar, debido a que buena parte de los hábitos digitales de niñas, niños y adolescentes se construyen dentro de los hogares.
Explicó que, ante las jornadas laborales y la falta de tiempo de los padres, el celular se ha convertido en una especie de “nana electrónica” que permite mantener ocupados a los menores, pero también puede profundizar la ausencia de convivencia familiar.
“El conflicto de casa es un conflicto educativo, y me refiero a un conflicto educativo porque es educativo, económico y social”, afirmó.
Por ello, consideró que tanto la Federación como el Estado deberían impulsar programas de prevención del delito, asistencia familiar e intervenciones comunitarias que atiendan las causas sociales relacionadas con el uso excesivo de dispositivos.
