La postura del gobernador contrasta con la versión ofrecida por su secretario de Gobierno
Por: Catalina LS
13 de agosto 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, evitó fijar una postura directa sobre la solicitud de 12 años de prisión contra Raúl Meza Abonce, joven acusado de sabotaje por su presunta participación en las protestas de noviembre de 2025, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Y es que, la Fiscalía Regional de Morelia mantiene la acusación dentro de la causa penal 683/2025, mientras que la representación jurídica del Gobierno de Michoacán reclama, además, el pago de 1.37 millones de pesos por concepto de reparación integral de los daños ocasionados al Palacio de Gobierno durante las manifestaciones.
Al ser cuestionado sobre la petición de cárcel y la intervención del asesor jurídico del Gobierno estatal en el proceso, Bedolla señaló que “la Fiscalía pudiera dar respuesta de manera más directa al tema”. Ante la pregunta específica sobre la solicitud promovida por la representación jurídica de su administración, el mandatario respondió: “vamos a ver”, y posteriormente evitó profundizar en el asunto.
La postura del gobernador contrasta con la versión ofrecida por su secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, quien aseguró que la administración estatal incluso intervino para que Meza pudiera enfrentar su proceso en libertad.
“Nosotros mismos, a instrucción del gobernador, le propusimos a su defensa que pidiera las medidas, el cambio de medidas cautelares para que pudiera salir en libertad y llevar su proceso en libertad y así se hizo”, declaró Zepeda.
El funcionario negó que el Gobierno de Michoacán esté incrementando los cargos contra el joven o promoviendo nuevas medidas cautelares. Explicó que el proceso continúa y que estaba prevista otra audiencia para el desahogo de elementos dentro del procedimiento.
Meza Abonce, por su parte, ha denunciado que las autoridades pretenden modificar o ampliar los señalamientos en su contra para equiparar su participación en las protestas con conductas relacionadas con delincuencia organizada. Su defensa ya promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para intentar frenar el proceso.
El caso se originó en las movilizaciones de noviembre de 2025 por el asesinato de Carlos Manzo, cuando manifestantes irrumpieron en Palacio de Gobierno y provocaron daños al inmueble. La Fiscalía sostiene que la participación de Meza no habría sido individual, sino parte de una acción colectiva y organizada.
A esta acusación se suman señalamientos de presunta tortura durante su detención. La defensa y organizaciones civiles han difundido videos en los que, según sus denuncias, el joven habría sido golpeado y sometido a asfixia con agua gasificada, mediante el método conocido como “tehuacanazo”, por presuntos escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Organizaciones y colectivos han calificado a Meza como “preso político” y cuestionado el uso del delito de sabotaje contra participantes de movilizaciones sociales. Mientras tanto, la audiencia intermedia está programada para el 3 de septiembre.
