Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2026. En audiencia celebrada el pasado 7 de agosto, un juez de control del Poder Judicial de Michoacán determinó vincular a proceso a Ramón Ángel “N”, a quien se le atribuye el alias “El R1”, al considerar que existían datos suficientes para establecer su probable participación en el delito de homicidio calificado, en agravio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto “N”, así como en el diverso hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas, en detrimento de Víctor Hugo “N” y Félix Alejandro “N”.
Al valorar el material debatido en las sesiones de audiencia que duró 12 horas con 30 minutos, el juzgador determinó que se contaba con elementos suficientes para establecer la probable participación del imputado en los hechos señalados. Esta determinación corresponde a la función jurisdiccional que se desarrolla en la etapa inicial del proceso penal, en la que las juezas y jueces analizan los datos y argumentos expuestos por las partes y resuelven conforme a sus atribuciones y al marco jurídico aplicable.
El caso forma parte del trabajo que se desarrolla en la primera instancia penal desde el inicio del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, en septiembre de 2025. Un comparativo de enero-julio de 2025 con el mismo periodo de 2026 refleja un incremento de 193% en los cuadernos iniciados con personas detenidas, de 48% en las órdenes de cateo en cuatro regiones, de 240% en la calificación de legalidad de las detenciones y de 43% en las vinculaciones a proceso.
En el mismo periodo se registró un incremento de 93% en los cateos concedidos y de 92% en el número de personas vinculadas a proceso, cifras que reflejan la actividad jurisdiccional desarrollada en la etapa inicial de los procedimientos penales.
Los resultados forman parte de la labor cotidiana de las juezas y jueces de oralidad penal, quienes atienden las solicitudes planteadas por las partes, valoran los datos presentados en audiencia y emiten sus determinaciones con independencia, objetividad y apego al marco jurídico.
Desde el inicio del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, el trabajo en primera instancia continúa orientado a fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales y garantizar que cada asunto sea atendido bajo los principios que rigen la función judicial.
