La propuesta integra al marco jurídico estatal la operación del Morebús y los teleféricos, fortalece la seguridad de las personas usuarias y garantiza que la infraestructura financiada con recursos públicos permanezca como patrimonio del Estado.
Morelia, Michoacán, 08 de julio del 2026.- Con el propósito de cerrar el vacío jurídico existente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el diputado local Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para incorporar a la legislación la regulación de los sistemas de transporte masivo, semimasivo y por cable.
La propuesta dota de certeza jurídica a la operación del Morebús y los teleféricos mediante reglas claras para su administración, contratación, operación, mantenimiento y supervisión, atendiendo una realidad que no existía cuando la ley fue expedida en 2023.
“No podemos construir infraestructura del siglo XXI con leyes pensadas para un sistema de transporte que ya cambió. La modernización de la movilidad exige instituciones y reglas capaces de responder a esa nueva realidad”, afirmó el legislador.
Durante la presentación de la iniciativa, Hugo Rangel señaló que la reforma responde a las transformaciones urbanas que vive Michoacán y al reconocimiento de la movilidad como un derecho vinculado al derecho a la ciudad. Recordó que la legislación debe acompañar la evolución de la infraestructura pública y establecer las bases para que los nuevos sistemas de transporte operen con criterios de seguridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la propuesta incorpora formalmente a la Ley el Sistema Integrado de Transporte, definiendo sus principios, atribuciones, mecanismos de integración operativa y tarifaria, así como las responsabilidades de las autoridades y de los operadores involucrados.
Uno de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la seguridad operativa de estos sistemas mediante la obligación de contar con protocolos de emergencia, manuales de operación, certificaciones técnicas periódicas y personal debidamente capacitado en los centros de control y monitoreo.
Además, incorpora un régimen de sanciones para inhibir conductas que pongan en riesgo a las personas usuarias, con multas de hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), suspensión de funciones para operadores negligentes y sanciones para quienes invadan carriles confinados o afecten la operación de la infraestructura. “La movilidad masiva no admite improvisaciones. La seguridad de las y los usuarios debe ser una obligación legal y no una simple buena intención”, sostuvo el legislador.
Finalmente, la propuesta establece que toda la infraestructura financiada con recursos públicos permanecerá como patrimonio del Estado, limitando la participación de particulares a esquemas de prestación de servicios y administración, sin que ello implique la privatización de los activos estratégicos. Al concluir cualquier contrato o concesión, los bienes deberán incorporarse al dominio estatal libres de gravámenes.
“No permitiremos que la modernidad sea una excusa para la depredación financiera ni para relajar la protección de la vida humana. Esta reforma blinda el interés colectivo y garantiza que el desarrollo de la movilidad permanezca al servicio de las y los michoacanos”, concluyó Hugo Rangel.
