Las denuncias fueron promovidas por acuerdo de las 80 comunidades que integran la organización
Por: catalina LS
19 de junio 2026.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emprendió una ofensiva legal contra el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, al presentar seis acciones jurídicas y administrativas derivadas de declaraciones en las que cuestionó el papel del organismo en los procesos de autogobierno de las comunidades indígenas.
El vocero del CSIM, Pável Guzmán, informó que las denuncias fueron promovidas por acuerdo de las 80 comunidades que integran la organización, luego de considerar que los señalamientos realizados por el también diputado local constituyen calumnias, actos de discriminación y un intento de desacreditar la lucha de los pueblos originarios.
La polémica se originó después de que Ocampo asegurara que el acompañamiento que brinda el Consejo a las comunidades que buscan presupuesto directo y autogobierno tiene fines económicos. También señaló que detrás de estas acciones existirían intereses particulares y no una defensa legítima de los derechos indígenas.
Ante ello, Guzmán, arropado por integrantes de lasas comunidades, rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que fueron emitidas sin sustento alguno y afirmó también que las expresiones del líder perredista buscan generar una percepción negativa sobre las autonomías indígenas.
Es así que, como parte de las acciones emprendidas, el CSIM presentó una denuncia penal por presunta discriminación ante la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Unidad de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Además, inició un procedimiento civil por daño moral agravado.
La organización también recurrió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde solicitó medidas cautelares y acciones de protección, al considerar que las declaraciones afectan tanto a sus integrantes como a las comunidades representadas por el organismo.
De manera paralela, se interpuso una queja ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Violencia y la Discriminación (COEPRED), así como una denuncia por posibles faltas administrativas en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, debido a la calidad de diputado local de Ocampo.
Otra de las acciones fue presentada ante el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde se solicitó una ampliación de medidas de protección al argumentar que las declaraciones incrementaron el nivel de riesgo para quienes forman parte del movimiento indígena.
El Consejo Supremo Indígena adelantó que las medidas legales serán acompañadas por acciones de carácter político y social. Entre ellas contemplan manifestaciones en espacios públicos y durante actividades encabezadas por Octavio Ocampo, al considerar que debe asumir consecuencias por las afirmaciones realizadas.
