El legislador Alfredo Anaya señaló que esta modificación busca armonizar la legislación estatal con la federal en materia de Impacto Ambiental, eliminando procedimientos redundantes
Morelia, Michoacán a 18 de junio de 2026. – El diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, celebró la aprobación de una iniciativa de reforma al Código de Desarrollo Urbano del Estado con el objetivo de armonizar el marco legal estatal con la normativa federal, eliminando cargas administrativas innecesarias y fortaleciendo la certeza jurídica para los particulares.
El dictamen, que fue aprobado en sesión ordinaria, ajusta las disposiciones locales a lo establecido por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que reserva de manera exclusiva a la Federación la evaluación de impacto ambiental de ciertas obras o actividades de gran escala.
Actualmente, el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán genera una duplicidad e incluso multiplicidad de trámites, al exigir autorizaciones estatales adicionales para proyectos cuya competencia evaluadora ya recae en instancias federales. Esta situación, señaló el diputado, provoca retrasos, incremento de costos y falta de certeza jurídica para los desarrolladores y la ciudadanía en general, por lo que la aprobación de la propuesta es positivo.
“La reforma no pretende eliminar ni flexibilizar los mecanismos de protección ambiental. Por el contrario, mantenemos la exigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental estatal para todos aquellos casos que no estén reservados expresamente a la Federación. Únicamente excluimos la duplicidad en los supuestos previstos por el artículo 28 de la LGEEPA”, explicó Anaya Orozco.
El dictamen, que fue presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, reconoce el principio de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, respetando cabalmente la distribución de competencias establecida por la legislación general. Con esta medida, se busca otorgar plena validez jurídica a las resoluciones de la autoridad federal, evitando espacios de discrecionalidad administrativa y procedimientos redundantes.
“Las Manifestaciones de Impacto Ambiental de competencia federal suelen incorporar análisis especializados, integrales y de mayor alcance técnico. Resulta más eficiente que nuestras autoridades se enfoquen en vigilar el cumplimiento de estas autorizaciones, en lugar de duplicar esfuerzos”, puntualizó el legislador.
