CdMx. La reciente transformación del programa de Comedores Móviles en la Ciudad de México, al eliminar por completo las cuotas de recuperación y volverse 100% gratuito, ha encendido el debate entre la verdadera ayuda humanitaria y el uso de los recursos públicos con fines político-electorales.
Lo que el discurso oficial vende como la consolidación de un derecho constitucional, para diversos analistas es una estrategia de asistencialismo, diseñada para el control territorial.
A diferencia de un comedor comunitario fijo, que tiene reglas de operación visibles y un padrón de beneficiarios fiscalizable por los vecinos, las cocinas sobre ruedas operadas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) gozan de una flexibilidad que raya en la opacidad.
Al ser móviles, la autoridad en turno decide qué días, a qué horas y en qué puntos específicos se instalan.
Esta falta de anclaje permite que los recursos, en este caso, raciones de comida caliente y gratuita, puedan ser direccionados de manera estratégica hacia zonas de alta competencia electoral o distritos clave para el oficialismo, desvirtuando el objetivo de atender el rezago alimentario crónico.
¿Llega a quien lo necesita?
Uno de los cuestionamientos más severos a los modelos asistencialistas sin reglas de focalización estrictas es el desperdicio del recurso y la creación de redes clientelares:
Al ser un servicio abierto y sobre la marcha en la vía pública, no existe un censo que garantice que la ayuda llegue a la población en pobreza extrema. Cualquier persona puede formarse, lo que abre la puerta a que el presupuesto se diluya entre población flotante que no padece vulnerabilidad alimentaria.
La gratuidad total elimina la corresponsabilidad ciudadana. Al volver el alimento un «regalo» directo del gobierno, se fomenta una relación de dependencia donde el beneficiario percibe que el sustento diario depende de la permanencia del partido en el poder.
Sostener la operación de camiones, insumos, sueldos y logística al 100% con dinero del erario (sin una sola cuota de recuperación) representa un gasto masivo que sale de los impuestos de los ciudadanos.
La crítica principal radica en que, en lugar de invertir ese presupuesto en generar empleos formales, capacitación o infraestructura que saque a la gente de la pobreza de forma permanente, se prefiere mantener un subsidio que asegura clientelas cautivas pero perpetúa la necesidad.
Al final, la cocina móvil de la CDMX abre una interrogante incómoda pero necesaria: ¿se está buscando alimentar al hambriento o asegurar la lealtad de un votante? En el asfalto capitalino, la línea entre la asistencia social y la movilización política sigue siendo sumamente delgada.
