La justicia en nuestro país parece haberse convertido en un traje a la medida del color partidista.
Mientras el norte arde y las realidades operativas exigen soluciones inmediatas, el Gobierno Federal utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) con una evidente doble moral: blindar a los aliados y perseguir a la oposición.
El contraste entre los casos de Rubén Rocha Moya y Maru Campos Galván es la prueba más clara de cómo el pacto federal se ha quebrado en favor del centralismo absoluto.
Por un lado, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una tormenta legal de carácter internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa formalmente de delincuencia organizada, conspiración y narcotráfico, señalándolo por colaborar y proteger directamente a la facción de «Los Chapitos» para facilitar el tráfico de drogas hacia el país vecino. A pesar de este expediente y la FGR en México ha preferido desviar la mirada. En lugar de investigarlo por sus presuntos nexos con el crimen, lo citó únicamente en calidad de «testigo» por el secuestro del capo. Una maniobra jurídica que parece diseñada para institucionalizar su defensa, validar su coartada y protegerlo de una inminente extradición bajo el cobijo de las fuerzas federales.
Por el otro lado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, vive una realidad diametralmente opuesta.
Tras un trágico accidente carretero que expuso una colaboración informal con agencias de inteligencia extranjeras para desmantelar laboratorios de droga en la sierra, el aparato del Estado activó toda su fuerza. A la mandataria chihuahuense no se le trata como testigo; a ella se le persigue con un citatorio urgente, amagos de juicio político y una narrativa oficial que la acusa de violar la soberanía nacional.
El fondo del problema es la asfixia burocrática destructiva para el federalismo. Cuando los gobernantes enfrentan emergencias de seguridad en el terreno, la realidad exige reacciones en tiempo real. En el combate al crimen, los estados no pueden sentarse a esperar a que la burocracia de oficina, detrás de un escritorio en el centro del país, desahogue los lentos trámites y papeleos para autorizar mecanismos de cooperación.
Al final, el mensaje de esta doble moral de Estado es selectivo y peligroso: si eres aliado del régimen, la Fiscalía te construye un escudo legal ignorando acusaciones internacionales de narcotráfico; si eres oposición y buscas resolver con inmediatez las emergencias de narcotráfico y delincuencia organizada, te aplican todo el peso de la ley.
¿Justicia o estrategia electoral? La ciudadanía tiene la última palabra.
