Yurisha Andrade Morales*
Luego de varias semanas de intensa deliberación pública, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada a la Cámara de las Diputaciones por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación, registrando el voto en contra del PT y el PVEM, sus partidos aliados que se manifestaron en contra de la disminución al financiamiento público y a la modificación del mecanismo para la asignación de curules y escaños. Acto seguido, la primera mandataria presentó su propuesta de plan B que será detallado esta misma semana y cuyos contornos se delinearon en la mañanera del jueves pasado.
Para el gobierno federal, el objetivo principal, conforme con la presentación realizada en palacio nacional, consiste en continuar eliminando los privilegios que aún se tienen en el país, como es el caso de los costos anuales de diputaciones en los congresos locales y regidurías en ayuntamientos, además de fortalecer la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. La presidenta expuso que el costo anual más alto de una diputación local es en Baja California con 34.8 millones anuales que incluyen salarios, apoyos y personal de cada legislador, mientras que el más bajo corresponde a Colima con 5.1 millones. En la misma lámina se advierte que el segundo lugar de costos altos es Morelos con 31.8 millones y, nada lejos, en tercer lugar, Michoacán con 30.2 millones por cada una de las 40 diputaciones que integran el Congreso Local, sería importante revisar con detalle y veracidad cómo están los salarios de los legisladores.
Así, este eje podría significar la propuesta de establecer un tope a los gastos máximos por diputación en los congresos locales donde no se aprecia un reflejo congruente de la política de austeridad iniciado por el gobierno federal. Hemos visto y sigue habiendo propuestas legislativas de coyuntura para disminuir presuntos salarios excesivos en la federación, en los estados y en los organismos autónomos, pero no hay acciones de autocontención y ajuste de “privilegios propios”, lo ideal es la congruencia. Otro eje del plan B, está en impulsar ajustes para suprimir las restricciones constitucionales para que la consulta popular pueda incluir preguntas a la ciudadanía sobre temas electorales, mientras que en materia de revocación del mandato que, actualmente se puede solicitar por la ciudadanía a efecto de realizar el ejercicio en el primer trimestre del cuarto año de gobierno, la propuesta presidencial es ajustar la norma constitucional para que este mecanismo se pueda aplicar en el tercer o cuarto año de gobierno, posiblemente para que la jornada de votación se realice el mismo día de las elecciones, en este caso de 2027.
Otra asignatura pendiente sigue siendo la simultaneidad de las jornadas de votación de elecciones judiciales y de las demás elecciones, en un escenario muy nutrido y complejo para 2027. Asimismo, Claudia Sheinbaum considera que los ayuntamientos deben tener integraciones estándar, por lo que planteó la necesidad de corregir asimetrías que advierte en el número de las regidurías en los diversos ayuntamientos del país en los que, en su opinión, hay muchos más de los necesarios.
De cualquier manera, el plan B de la presidenta, para atender los objetivos expuestos, tendrá que incluir propuestas de modificaciones constitucionales y no solo a legislaciones secundarias que, en su caso, deberán procesarse en plazos récord. Veremos, primero, cuál es el contenido exacto del plan B y, después, la reacción que genere, con los aliados políticos del morenismo y con diversos sectores que pudieran interpretar posibles lesiones al pacto federal y, de nuevo, un intento por reducir los niveles de representación y pluralidad ahora en los ayuntamientos.
Si la austeridad es un objetivo cuya esencia es compartida para el uso de los recursos públicos debe ser pareja para todas las instituciones, no debe ser regulada e implementada solo para algunos en forma selectiva. Todos por igual, ese sería un ideal democrático y no estar buscando solo la paja en el ojo ajeno, como ocurre con propuestas recientes en nuestra entidad federativa. Mientras tanto, el plan B será motivo de nuevos análisis y debate público.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
