Visité Lima, Perú en 2019 con poco optimismo sobre el país que iba a encontrar. La idea de un país rural recién salido de procesos de disputa guerrillera y con un gran debate político sobre las instituciones de gobierno, no generaba muchas expectativas.
En realidad fue lo contrario. Más allá del caos que caracteriza a los miles de carros que se abalanzan entre sí sin chocar y al borde de la locura, la hoy capital del antiguo imperio Inca, luce con ciertos destellos de desarrollo, lejos del país rural que persiste en amplias zonas del interior y de la pobreza lacerante a la que apelaron los golpes de estado y la guerrilla para subsistir, Perú había estado dando señales de crecimiento.
Los beneficios del comercio exterior, la apertura comercial, la modernización de ciertas ramas industriales y la oportunidad de negocios que representa como entrada a Sudamérica, ha atraído a la industria extractiva, minerales, cobre, oro y el desarrollo de las agroexportaciones, a tener un crecimiento económico más consistente que los otros países vecinos.
De ninguna manera ha cambiado el escenario de pobreza y desigualdad característico de todos los países de América Latina, sin embargo había visos de crecimiento económico con inflación controlada e inversión en niveles constantes que siempre son la condición para cualquier escenario de desarrollo.
La economía depende de la política. Más cuando se genera inestabilidad y las expectativas de los actores económicos se deprimen. Bajan los incentivos para la inversión y el conflicto por el poder se convierte en un lastre para el crecimiento de la renta nacional. Perú podría estar mejor, hasta que intervienen los políticos.
El problema siempre ha sido político y hoy lo es más. En los últimos diez años Perú no ha tenido un Presidente que haya terminado su mandato de cinco años. Lo que es más grave, en los últimos diez años han pasado ocho Presidentes. Una locura para la estabilidad nacional.
El último que terminó su período constitucional fue Ollanta Humala quien gobernó de 2011 al 2016, sin embargo al término de su gestión fue encarcelado por actos de corrupción. Lo mismo sucedió antes con los Presidentes Alan García y Alberto Fujimori encarcelados por corrupción.
Ya sea como un acto de valentía y afianzamiento en el poder o, realmente como consecuencia de la corrupción institucionalizada en su ejercicio, el entrante encarcela al saliente.
Pedro Pablo Kuczynski ganó en 2016 pero no terminó su período. Gobernó poco menos de dos años y lo sucedió Martín Vizcarra quien duró dos años y medio, relevado por Martín Merino durante sólo cinco días. Después llegó Francisco Sagasti a la transición previa a la elección del 2021 y gobernó ocho meses.
En 2021 fue electo democráticamente Pedro Castillo pero fue destituido y encarcelado por supuestos actos de corrupción. Sigue en prisión y por cierto su esposa está exiliada en México, motivo por el cual se rompieron las relaciones diplomáticas entre nuestros países.
A la caída de Castillo estuvo como Presidenta Dina Boluarte dos años diez meses, quien perdió la confianza del legislativo y fue recientemente sustituida por José Jerí el Presidente del Congreso defenestrado esta semana, apenas cuatro meses después de que tomó protesta.
El Congreso Nacional peruano elegirá al Presidente del Legislativo quien, ante la ausencia del ejecutivo asumirá funciones hasta que se tome protesta quien resulte electo en el mes de abril.
La base de la disputa es la corrupción y la desconfianza. Los economistas Premio Nobel Acemoglu y Robinson , quienes hablan de la importancia que tienen las instituciones fuertes y sólidas que le den continuidad a los procesos políticos, han lanzado la hipótesis de que los problemas del centralismo político en América Latina residen en la herencia de la cultura política española que concentraba el poder en unas cuantas manos.
Las disputas y la falta de reglas e instituciones para distribuir el conflicto provocaron una tradición autoritaria de concentración excesiva del poder en toda América latina. Hay ejemplos de sobra en nuestra historia común. México no es la excepción y pululan las dramáticas muestras de dictaduras a lo largo de los poco más de dos siglos de vida independiente.
El exceso de poder lleva a la corrupción. Eso ha pasado en Perú. Como consecuencia, a lo largo de los últimos treinta años, se le fue limitando la capacidad de acción al ejecutivo, producto de los malos ejercicios del gobierno y, la corrupción.
El legislativo fue así convirtiéndose más que en un contrapeso institucional, en el enemigo personal de cualquier personaje que llegara al ejecutivo. Se quiso establecer un sistema parlamentario y se convirtió en un mecanismo de extorsión, porque el que llega el gobierno por la voluntad popular, tiene que pasar por una serie excesiva de candados en el legislativo.
Una cosa es que los ejecutivos tengan que cabildear con el legislativo y otra que uno sea rehén del otro. En Perú existe la famosa clausula de la “incapacidad moral permanente”, asociada con señalamientos de corrupción. De manera que si el Congreso logra mayoría puede destituir al ejecutivo, sin más, como ha sucedido en los escenarios recientes.
Suena terrible pero también tiene que ver con la falta de partidos políticos sólidos que no logran mayorías suficientes para asegurar coaliciones de gobierno plurales, justamente por los señalamientos de corrupción y falta de movilidad política.
Corrupción, falta de instituciones sólidas. Polarización de la clase política. Nada más les falta la ocurrencia de la revocación del mandato. Así esta Perú en el caos político.
Perú tiene un sistema político que no sirve porque no es capaz de distribuir el conflicto y provocar estabilidad. No se trata de ejecutivos autoritarios en oposición a legislativos débiles, sino de un sistema de división de poderes que permita funcionar la maquinaria del gobierno. Ellos no lo tienen. Ahí están las consecuencias.
