Yurisha Andrade Morales
En columnas anteriores he reflexionado sobre los mecanismos previstos en la legislación federal para calcular y asignar el financiamiento público de los partidos políticos a partir de una fórmula consignada en la Constitución que blinda los montos de dinero que reciben para sus actividades ordinarias y de campaña. Habida cuenta de que los institutos políticos no pueden participar en las elecciones judiciales del próximo año, el miércoles pasado el Instituto Nacional Electoral aprobó las cantidades de financiamiento para actividades ordinarias que les serán entregados el próximo año.
Así, en su conjunto, los partidos políticos nacionales recibirán 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos que corresponde a sus actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y franquicias postales y telegráficas. La distribución por rubros indica que para actividades ordinarias se les asignarán 7 mil 003 millones 402 mil 870 pesos; para actividades específicas se les entregarán 210 millones 102 mil 086 pesos; para franquicias postales 140 millones 068 mil 056 pesos; y para franquicias telegráficas 693 mil 492 pesos.
Por partido político, sumados los cuatro conceptos, al Partido Acción Nacional le corresponderá un monto redondeado de 1 mil 256 millones de pesos; al Partido Revolucionario Institucional de 985 millones de pesos; al Partido del Trabajo 679 millones de pesos; al Partido Verde Ecologista de México de 838 millones de pesos; a Movimiento Ciudadano de 972 millones de pesos; y al Partido Morena de 2 mil 584 millones de pesos. En todos los casos, el financiamiento se calcula considerando el porcentaje de la votación que los partidos alcanzaron en las elecciones de diputados federales en 2024.
Estamos, de nuevo, ante uno de los temas que mayor debate público han generado en años anteriores; incluso, sobre los que hay múltiples propuestas de ajuste por los grupos parlamentarios de todos los partidos; el propio ex Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de 2022 y en el llamado plan B, propuso la supresión del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos y mantener solo la parte del financiamiento para actividades de campaña.
Más allá de lo que ocurra con la futura reforma electoral anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus compromisos de gobierno, este seguirá siendo un tema de la mayor relevancia por las implicaciones que tiene para la competencia política, dado que nuestro sistema electoral establece que el financiamiento público debe prevalecer por encima del financiamiento privado de los partidos y, en consecuencia, su regulación busca generar condiciones de equidad para la participación de todas las fuerzas políticas.
Financiar las actividades partidistas con dinero público también incide en el cumplimiento de las obligaciones esenciales que la Constitución les asigna: promover la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática del país y permitir su acceso a cargos públicos que ahora deben distribuirse con equidad de género y con facilidades para la participación de personas ubicadas en grupos vulnerables, razón por la que la propia legislación establece que los partidos deben asignar el tres por ciento de los recursos que reciban para promover el liderazgo político de las mujeres.
Estamos en un momento de profundas transformaciones de nuestro sistema político y de ajustes acelerados a la Carta Magna. De la misma forma, las organizaciones partidarias están en un momento crucial de su existencia donde deben redefinir sus mecanismos de acercamiento a la ciudadanía para representarla de la mejor manera posible, darle cauce a sus demandas, democratizar su vida interna y ejercer los recursos que reciben para financiar sus actividades con mayor transparencia y con apego a las reglas de fiscalización.
* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
