La Cámara de Diputados de México está debatiendo una reforma impulsada por el partido oficialista Morena que busca establecer la supremacía constitucional y limitar la impugnación de reformas a la Constitución. Esta medida resulta en un absoluto debilitamiento en el sistema de control de poderes en nuestro País.
La reforma propone modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que las reformas constitucionales no podrán ser objeto de controversias o juicios de amparo.
El artículo 105 indicaría que son inadmisibles las impugnaciones que busquen cuestionar reformas a la Constitución, mientras que el artículo 107 especifica que no procederá el juicio de amparo contra tales reformas. Además, se contempla un artículo transitorio que establece que los juicios y recursos en curso relacionados con reformas constitucionales se archivarán automáticamente al entrar en vigor la reforma.
Esta estrategia orquestada por una «mayoría» que se logró de manera artificial y cooptada por el oficialismo,
llega en un momento crítico, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado varias impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial. El oficialismo guinda ha enfrentado resistencia de algunos jueces al implementar estas reformas, destacando un reciente caso en el que una jueza ordenó detener la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Es relevante hacer las siguientes previsiones, que evidentemente trastocaran el «pacto social» de nuestro sistema político, una vez que dicha reforma sea aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, a saber:
i) Esta reforma podría ser peligrosa para la democracia, al cerrar las vías de defensa ante abusos en reformas constitucionales.
ii) La reforma despoja a la ciudadanía de sus herramientas para defenderse de abusos de poder.
iii) Dicha modificación constitucional, podría llevar a un régimen autoritario ya que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos, limitando drásticamente la capacidad de los ciudadanos para cuestionar reformas que afecten sus derechos humanos.
iv) La falta de mecanismos de control y balance entre los poderes del Estado pone en riesgo la separación de poderes, fundamental para el funcionamiento de una democracia sana. Sin estos mecanismos, el ejecutivo podría ejercer una influencia desproporcionada sobre el legislativo y el judicial, consolidando su poder de manera unilateral.
v) La reforma también podría provocar un ambiente de incertidumbre legal, ya que las decisiones tomadas por el Estado podrían quedar al margen de cualquier revisión, generando desconfianza en las instituciones y en el marco jurídico vigente.
vi) Además, el debilitamiento del poder judicial, que ya se ha manifestado en diversas ocasiones, podría hacer que las decisiones en materia de justicia se alineen más a intereses políticos que a principios de equidad y legalidad, generando un sistema en el que la justicia se convierta en un mero instrumento del poder.
vii) Por último, esta reforma podría desencadenar un incremento en las tensiones sociales, ya que un sector de la población podría sentirse desprotegido y sin representación ante cambios que afecten su calidad de vida y sus derechos fundamentales. La falta de canales de participación y revisión podría llevar a un aumento en la protesta social y a un clima de descontento generalizado.
En suma, la propuesta de reforma que se discute actualmente en la Cámara de Diputados no sólo pone en riesgo la estructura constitucional de México, sino que también amenaza los principios democráticos que han costado tanto esfuerzo y sacrificio construir. La ciudadanía debe estar alerta y exigir un debate transparente y profundo sobre las implicaciones de esta medida, así como la defensa de sus derechos y de un sistema que garantice la justicia y la equidad para todos. La supremacía constitucional no puede ser un arma de doble filo que se use para acallar voces y debilitar la democracia.
Al tiempo…
