Elizabeth Juárez Cordero
La cultura del padrinazgo y el sistema de botín han sido causa y principal obstáculo en la dignificación y profesionalización del servicio público en nuestro país, al condicionar como puerta de entrada a las estructuras gubernamentales, vínculos personales y clientelares por sobre la capacidad y el mérito; los cargos públicos fueron durante buena parte del siglo XX la base aglutinante del sistema político mexicano, que al mismo tiempo que repartía el botín como resultado de la victoria simulada en las urnas, reafirmaba en esa distribución un mecanismo control y permanencia del régimen.
Es en esta última función de cohesión y consolidación del régimen, atributos como la lealtad y la disciplina se vuelven determinantes en la formación de trayectorias políticas individuales y de grupo, porque conceden estabilidad en tiempos venturosos y acomodo en tiempos de cambio, adaptabilidad. Es por ello que desde la perspectiva del poder, el afianzamiento de vínculos y reparto de espacios públicos no sólo son útiles sino indispensable para su sobrevivencia.
La eficacia, el cumplimiento de objetivos y la legitimidad institucional pierden sentido, o pasan a un segundo plano, porque la entrada y permanencia no está puesta en el desempeño ni en el resultado del encargo sino en la cercanía y valores definidos por el tamiz del grupo gobernante, así como en las aportaciones que de distintos tipos, contribuyan al objetivo político, y que son, sin importar el espectro ideológico en el que se encuentren; la concentración y el mantenimiento. En esas y no en otras razones se fundan también la flexibilidad de las alianzas electorales o legislativas.
Es por ello que la experiencia profesional, el conocimiento, la eficacia en los cargos desempeñados, la congruencia y un actuar ético, no suelen ser requisitos orientadores para la designación o la participación en la disputa de espacios representativos. Un nuevo encargo, es resultado de una habilidad escurridiza estratégicamente aprendida, más que una valoración consciente sobre la responsabilidad que se pretende desempeñar.
No es fortuito el desprecio que líderes mundiales como Donald Trump o Javier Milei hacen sobre el conocimiento, las ciencias en general y las ciencias sociales en particular, como la sociología o la ciencia política, disciplinas encaminadas a analizar y ofrecer respuestas a las problemáticas sociales. Porque en su entendimiento, gobernar es una tarea que no requiere mayor capacidad, es por ello que la reflexión que siempre procede de la duda y el cuestionamiento sobre el acontecer social o la decisión política, resultan innecesarios y hasta riesgosos, porque promueven el pensamiento y la deliberación pública.
El puesto público que es terreno ganado, se aleja de ser una apuesta a prueba de una vocación o trayectoria, sometida a la evaluación del electorado o la misión institucional, cuyas características puedan enriquecer o potencializar el encargo en beneficio colectivo; porque no se pone en servicio una carrera profesional, un prestigio público, un nombre o una consistencia política, no sólo porque no son obligatorios sino porque es en su adaptabilidad que se construyen. Y porque en un actuar contrario a los principios del buen gobierno o en una conducta poco proba, no se pierde el prestigio que no se tiene.
La idea del padrinazgo más que una categoría política permite describir una práctica que no sólo está asociada a vínculos verticales de poder en los que se reparten cargos públicos, sino también a una protección y mentoría, como una forma de entender lo público, y que a la larga permite seguir reproduciendo esas relaciones basadas en la lealtad, el compromiso y cercanía, y que si bien pueden implicar niveles de confianza o seguridad propios de las funciones públicas, pueden fácilmente cruzar la línea de la complicidad.
Avanzar en la profesionalización y la conducción ética de quienes ocupan los cargos públicos, requiere identificar y reconocer los incentivos que han permitido perpetuar una concepción patrimonialista del poder, que si bien garantiza control y permanencia, corrompe de origen la eficacia, integridad y confianza en el servicio público.
