El sistema fiscal de un país es fundamental para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo equitativo de sus regiones. En México, el Pacto Fiscal ha suscitado un intenso debate, especialmente en relación con la distribución de los recursos recaudados por el gobierno federal. Este acuerdo, que otorga a la federación el control de aproximadamente el 80% del presupuesto, es criticado por su injusta distribución que deja a los municipios y estados en una situación precaria y en una perpetúa la desigualdad.
El Pacto Fiscal en México concentra la mayor parte de los recursos en manos del gobierno federal, limitando así la capacidad financiera de los estados y municipios. Sólo el 4% de los ingresos del presupuesto federal se destina a los 2,446 municipios del País, este porcentaje ridículo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, como la recolección de basura, el acceso al agua potable y la seguridad, por ejemplo, en muchas comunidades rurales y urbanas, los problemas de infraestructura y servicios públicos son evidentes, lo que genera un descontento social en diversas comunidades y tenencias de los municipios de nuestro País.
Por otro lado, el 16% que reciben los estados tampoco es suficiente para abordar los desafíos financieros que enfrentan. Muchos gobiernos estatales al estar al borde de la quiebra, son incapaces de financiar proyectos esenciales para la educación, la salud y el desarrollo económico. El caso de algunos estados del centro y sur de México, incluido el estado de Michoacán donde la pobreza y la falta de servicios básicos son preocupantes, ilustra cómo la falta de recursos puede perpetuar la desigualdad social. En contraste, el gobierno federal utiliza el 80% restante de los recursos para proyectos faraónicos e inoperantes como por ejemplo: i) El Tren Maya; ii) La refinería de Dos Bocas; iii) El AIFA, y aunque tienen magros beneficios regionales, no siempre son prioritarios para las comunidades más necesitadas.
Además, el convenio fiscal actual parece favorecer la concentración del poder en la figura del Ejecutivo Federal lo que plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos. La falta de un mecanismo claro para la redistribución de fondos ha llevado a que las necesidades de las poblaciones locales queden en segundo plano, mientras que se priorizan las iniciativas del gobierno central.
El Draconiano Pacto Fiscal en México representa un obstáculo significativo para el desarrollo equitativo de los estados y municipios. La distribución desigual de los recursos fiscales no solo perpetúa la pobreza y la insatisfacción en diversas regiones del país, sino que también refuerza la concentración del poder en el gobierno federal.
Para lograr un desarrollo sostenible y una verdadera justicia social, es crucial replantear este pacto y establecer un modelo fiscal que garantice una distribución más equitativa de los recursos. Solo así se podrá atender adecuadamente las necesidades básicas de la población y fomentar un crecimiento inclusivo en todo el territorio mexicano.
La revisión del Pacto Fiscal debe ser un proceso inclusivo que involucre a todos los actores relevantes: gobiernos estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, incluso, a las comunidades indígenas que se rigen por los autogobiernos y presupuestos directos. Es imperativo escuchar las voces de quienes se ven directamente afectados por las decisiones fiscales del gobierno central.
Una posible alternativa sería implementar un sistema de asignación de recursos que considere no sólo la recaudación fiscal, sino también indicadores de desarrollo humano, población, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Esto podría llevar a una redistribución más justa que permita a los estados y municipios atender las demandas de sus ciudadanos de manera más efectiva.
Además, es fundamental fomentar la autonomía financiera de los estados y municipios. Esto podría lograrse a través de la creación de un sistema de incentivos que permita a las entidades locales generar sus propios ingresos, ya sea a través de impuestos locales más justos o de mecanismos de financiamiento que les permitan llevar a cabo proyectos que respondan a sus necesidades específicas.
En suma, el Draconiano Pacto Fiscal no solo debe ser revisado, sino que debe ser transformado para garantizar un futuro más equitativo y sostenible para todos los mexicanos. La justicia fiscal debe ser un objetivo prioritario del actual Gobierno Federal, el oficialismo tiene las mayoría calificada para modificar la Constitución Federal y Local a su antojo, es momento de que del discurso se pase a las acciones traducir del discurso pro municipalista a los cambios constitucionales y legislativos para que a los 2446 municipios se les asignen el 8% y a las 32 estado de nuestro País el 22% de los 9 billones de pesos que fue el Presupuesto de Egresos de la Federación en el presente ejercicio fiscal 2024.
Esas son la reformas que transforman profundamente la vida pública y la realidad de millones de mexicanos; tienen las mayorías para procesar lo cambio constitucionales y legislativos antes de que entre en vigencia el PEF 2025, es decir del 1 de enero del año entrante, con la misma celeridad que que el partido oficial y aliados han aprobado las reformas constitucionales al Poder Judicial y otras más
Al tiempo…
