Opinión Lorena Cortés
En marzo del 2023 con la promesa de terminar con la extorsión, se modificó el marco legal con la reforma al Código Penal del Estado. Esta modificación a iniciativa del gobierno del estado, endureció las penas por ese delito, ahora el marco legal establece sanciones de hasta 25 años de prisión y multas equivalentes a 500 días.
Además, introduce un cambio clave en la persecución de este delito: ya no se requiere una denuncia formal para que las autoridades puedan intervenir. Estas medidas le otorgan a las autoridades mayores facultades legales para combatirlo. Sin embargo, cabe preguntarse si estas reformas son suficientes para enfrentar la realidad que enfrentan cientos de miles de víctimas del delito de extorsión y cobro de derecho de piso, pues a poco más de un año la extorsión y el cobro de piso en el estado no se ha acabado.
Según la experiencia, no hay evidencia de la efectividad de estas reformas pues ninguna estadistica nos ha mostrado que aumentar las penas reduce la delincuencia. Por el contrario “en esa lógica punitiva” de aumentar las penas y en consecuencia la prisión sin sentencia, es una herramienta que contribuye a la desigualdad social. Multiples estudios como lo ha señalado la especialista Catalina Pérez Correa, muestran como el encarcelamiento empobrece, pero no hay argumento basado en la evidencia científica que convezca a las autoridades de Michoacán.
Además este es un muy viejo debate; Beccaria impulsor del derecho penal contemporaneo en su libro De los delito y las Penas escrito en 1764 sostenía, que “se conseguía más por la certeza de la pena que por su severidad”.
Por otro lado, está demostrado que el verdadero efecto disuasivo de la pena, depende en gran medida de la certeza de la sanción, es decir, de la probabilidad real de que los delincuentes sean capturados, procesados y condenados. Aquí es donde la estrategía del gobierno de Michoacán enfrenta un desafío crítico pues el hecho de que solo 18 de 180 carpetas de investigación hayan sido judicializadas, como recien lo anunciarfon y que aún no se haya dictado ninguna sentencia, refleja la brecha entre las aspiraciones legales y la capacidad operativa de la fiscalía y del sistema judicial donde, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y la posible corrupción son factores que contribuyen a esta baja tasa de judicialización, lo que a su vez perpetúa la impunidad.
Encima de la respuesta del gobierno bedollista de aumentar las penas, más presencia militar, de Guardia Nacioanal y de Guardia Civil, así como el ofrecimiento de que los propios productores agrícolas contraten a los Policías Auxiliares, los cuales carecen de capacitación profesional, no ha sido suficiente para revertir la tendencia de la extorsión y el cobro de derecho de piso generaliazdo en varias regiones del estado.
Sin una efectiva investigación y judicialización de los casos y la consecuente sanción de los responsables, las reformas legales corren el riesgo de quedarse en el papel y envía un mensaje preocupante a la sociedad: el crimen puede seguir sin consecuencias.
Michoacán tiene la necesidad de una política criminal integral que, por fin, tome en cuenta todos los eslabones de seguridad y justicia. Esta necesidad no es un capricho, sino una exigencia que emana de la propia Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, parece que esta «integralidad» es un término que aún no ha sido debidamente comprendido por quienes tienen el poder y la responsabilidad de hacer algo al respecto.
